Resulta que el líder de Pink Floyd, Roger Waters, no es fanático de Mark Zuckerberg y su imperio de las redes sociales.Sin miedo con Jason Whitlock

El rockero de toda la vida dejó en claro sus pensamientos sobre el jefe de Facebook e Instagram en un video durante un evento reciente «Free Julian Assange», informó Rolling Stone el lunes, cuando rechazó en voz alta y rotundamente la oferta de Zuckerberg de pagarle un dinero «enorme» para usar el clásico de Pink Floyd. Canción de 1979, «Another Brick in the Wall, Part 2» para una próxima promoción de Instagram.

Waters leyó una «misiva de Mark Zuckerberg» solicitando su autorización para usar la exitosa canción en una película para promocionar Instagram que, dijo, «llegó esta mañana, con una oferta por una enorme, enorme cantidad de dinero».

También Rogers expresó dijo que Zuckerberg quiere «tomar el control de todo». ¿Cómo consiguió algún tipo de poder? Y, sin embargo, aquí está, uno de los idiotas más poderosos del mundo!!!»

Por USNews.com

La prueba de PCR «es incapaz de determinar, más allá de toda duda razonable, que un resultado positivo corresponde, de hecho, a la infección de una persona por el virus del SARS-CoV-2», dijo el Tribunal de Apelación de Lisboa.

Aunque el tribunal ha considerado que la prueba no es fiable, los expertos médicos han respondido a estas demandas, declarando que los jueces han actuado «irresponsablemente» en su decisión.

La decisión inicial, adoptada el 11 de noviembre, se refería a un recurso de la Administración Regional de Salud de las Azores, a raíz de una solicitud de hábeas corpus -liberación inmediata- de cuatro ciudadanos alemanes que habían sido obligados por la autoridad sanitaria a cumplir con el aislamiento durante 14 días en la habitación del hotel

Según el proceso: «No hay pruebas de que este diagnóstico haya sido realizado realmente por un profesional cualificado en virtud de la Ley y que haya actuado de acuerdo con las buenas prácticas médicas». Estos actos están reservados a la competencia exclusiva de un médico.

«El único elemento que aparece en los hechos probados es la realización de pruebas de RT-PCR, una de las cuales presentó un resultado positivo en relación con uno de los solicitantes», se lee en el documento.

Los jueces citaron un documento publicado en The Lancet por Elena Surkova, Vladyslav Nikolayevskyy y Francis Drobniewski, en el que se afirmaba: «Todo resultado de una prueba diagnóstica debe ser interpretado en el contexto de la probabilidad de enfermedad previa a la prueba. En el caso de COVID-19, la evaluación de la probabilidad de prueba incluye síntomas, historial médico previo de COVID-19 o presencia de anticuerpos, cualquier exposición potencial a COVID-19 y la probabilidad de un diagnóstico alternativo. Cuando existe una baja probabilidad de pruebas preliminares, los resultados positivos deben interpretarse con precaución y se debe analizar una segunda muestra para su confirmación.

El documento continúa diciendo: «La excreción prolongada de ARN viral, que se sabe que dura semanas después de la recuperación, puede ser una razón potencial para que las pruebas de hisopado sean positivas en las personas previamente expuestas al SARS-CoV-2». Sin embargo, es importante señalar que no hay datos que indiquen que la detección de bajos niveles de ARN viral por RT-PCR equivalga a la infecciosidad, a menos que se hayan confirmado las partículas de virus infecciosos con métodos basados en cultivos de laboratorio.

«En resumen, los resultados falsos positivos de la prueba de hisopado de COVID-19 podrían ser cada vez más probables en el actual clima epidemiológico del Reino Unido, con consecuencias sustanciales a nivel personal, del sistema de salud y de la sociedad (panel)».

Los jueces concluyeron afirmando que: «El problema es que esta fiabilidad se demuestra, en términos de pruebas científicas (y en este campo, el juez tendrá que confiar en los conocimientos de los expertos en la materia), como algo más que discutible.

«Así, con tantas dudas científicas, expresadas por expertos en la materia, que son las que aquí importan, sobre la fiabilidad de tales pruebas, ignorando los parámetros de su realización y no existiendo un diagnóstico hecho por un médico, en el sentido de existencia de infección y riesgo, nunca sería posible para este tribunal determinar que C… tenía el virus del SARS-CoV-2, ni que A., B … y D … tenían una exposición de alto riesgo», concluyó la sentencia en relación con el caso que, en última instancia, ha puesto en duda la fiabilidad de las pruebas.

Mientras tanto, la decisión del tribunal ha sido condenada por los científicos de Portugal. Según un informe de Públicio , los jueces del Tribunal de Apelación de Lisboa leyeron mal dos artículos científicos y el consenso científico sobre las pruebas de PCR es «absoluto».

«La afirmación es falsa», dijo al público Vasco Barreto, investigador del Centro de Estudios de Enfermedades Crónicas (Cedoc) de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidade Nova de Lisboa, quien añadió que creía que los jueces habían actuado de forma «irresponsable».

«Las pruebas de PCR tienen una especificidad y sensibilidad superior al 95%. Es decir, en la abrumadora mayoría de los casos detectan el virus que causa la covid-19 «.

Esto se indica en un artículo científico que se cita en la sentencia, pero que ha sido leído «completamente equivocado» por los magistrados, según Germano de Sousa, ex presidente de la Ordem dos Médicos y propietario de una red de laboratorios.

El otro estudio citado en la sentencia fue la Correlación entre 3790 muestras cuantitativas de reacción en cadena de la polimerasa-positivas y cultivos celulares positivos, incluyendo 1941 Síndrome respiratorio agudo severo Aislados de Coronavirus 2, cuyos resultados fueron publicados por Oxford Academic a finales de septiembre.

Las pruebas de PCR («reacción en cadena de la polimerasa») son el método de diagnóstico más utilizado en la mayoría de los países para detectar la presencia del SARS-CoV-2 precisamente porque son las más precisas para identificar el virus. Se trata de una técnica que amplifica el material genético del virus en ciclos sucesivos: con cada ciclo el material se duplica. En el estudio citado se analizó la relación entre la capacidad de las muestras recogidas para infectar las células y el número de ciclos necesarios para obtener un resultado «positivo».

«La proporción de muestras que ya no podían infectar a las células mantenidas en cultivo en el laboratorio aumentó con el incremento del número de ciclos necesarios para obtener una señal positiva. Esto se debe a que después de que nuestro cuerpo controla la infección hay fragmentos de material genético del virus que persisten y disminuyen a lo largo de los días, cuando el individuo ya no representa un peligro para los demás», explica Vasco Barreto. Conclusiones como éstas han ayudado a las autoridades sanitarias de distintos países a reducir los períodos de cuarentena obligatoria para los infectados y a prescindir de una prueba negativa para «dar de alta» a un paciente.

Ahora, de la lectura del artículo, los jueces concluyen que «la probabilidad de que una persona reciba un falso positivo es del 97% o superior». Según la investigación, esto sólo ocurre si el umbral del ciclo es superior a 35 «como ocurre en la mayoría de los laboratorios de los EE.UU. y Europa», dice la sentencia. Esta información es considerada inexacta por Vasco Barreto, quien afirma que donde trabaja en el Cedoc «el 42% de las pruebas positivas, sólo se necesitaron 25 o menos ciclos y hay pruebas científicas de la alta capacidad del virus para pasar de casos «positivos» a menos de 25 ciclos».

Tomado de Portugal News

El 24 de marzo, el Tribunal Administrativo de Viena se pronunció sobre una denuncia del FPÖ (Partido de la Libertad de Austria) contra lo que consideraba la prohibición manifiestamente ilegal de un mitin registrado. En su sentencia, el tribunal desmontó la política de restricciones del gobierno federal. Citando a expertos y estudios reconocidos internacionalmente y a la Organización Mundial de la Salud, el tribunal consideró que las definiciones de la enfermedad eran erróneas y que una prueba PCR para el diagnóstico de Covid-19 no era adecuada.

Una sentencia que toda Austria, y quizás el mundo entero, lleva esperando más de un año. Por fin un tribunal ha examinado los tambaleantes cimientos sobre los que se asienta la política de restricciones, que afirma una peligrosa pandemia mundial. Hace poco, el prestigioso profesor John Ioannidis descubrió que la mortalidad por la infección del SARS-CoV-19 es sólo del 0,15%, exactamente la misma que la de la gripe anual. Durante la supuesta pandemia, parece que han contraído el Covid-19 tantas personas como las que habrían contraído la gripe, mientras que supuestamente no hay o apenas hay casos de gripe en todo el mundo. Esto hace que cada vez más personas reflexionen.

El Tribunal Administrativo de Viena examinó detenidamente la base de la política de histeria del gobierno austriaco y determinó que la definición de la enfermedad realizada únicamente por el ministro de Sanidad es completamente errónea y carece de fundamento.

Ya tenemos varias sentencias que dicen exactamente lo mismo, les recuerdo la sentencia de Portugal que también dijo que el test PCR no es apto porque da 97% de falsos positivos: Sentencia de Viena numero: VGW-103/048/3227/2021-2
Tomado de Estación Claridad

Por Phnompenh post.

Durante un viaje a Asia, Awen Delaval, un diseñador de moda ecológico, se conmovió por la forma en que vivía la comunidad rural de Camboya. Hoy produce mascarillas ecológicas de fibra con el objetivo de preservar las técnicas ancestrales y apoyar a las mujeres camboyanas en las comunidades rurales.

Las flores de loto se han cosechado en Camboya por generaciones. Las flores se consideran sagradas y multi-beneficiosas. Desde su raíz, pétalo y semilla, las flores se han utilizado en medicina, cocina, cosméticos y postres. Los tallos de loto no tienen uso y a se denominan residuos.

Delaval desarrolló un tejido natural y logró con esto revivir el textil de fibra de loto en Camboya después de ver los tallos de loto desechados en todas partes después de ser utilizados para rituales religiosos. Convertir los tallos de loto no deseados en tela orgánica no solo contribuye a una economía comunitaria positiva, sino que también promueve la conciencia social, cultural y ambiental.

A través de su investigación, el arte de crear tela de loto se practicó hace miles de años. Los documentales mencionan que los habitantes de las aldeas flotantes del lago Inle en Myanmar continúan con la artesanía ancestral.

“Ahora cosechamos los tallos y tejemos nuestra tela de loto. Y, hemos hecho telas, ropa, bolsos y bufandas de alta calidad.

“La tela Lotus tiene propiedades únicas. Es naturalmente suave, ligero, especialmente transpirable y casi sin arrugas.

“También es un tejido ecológico que no contiene productos químicos ni productos tóxicos. Es probablemente el tejido más ecológico del mundo. Transformamos los desechos en un textil de calidad que no utiliza ninguna energía contaminante en el proceso ”, dice Delaval.

Él cree que una empresa social que utiliza tallos de loto podría apoyar a las mujeres más vulnerables en las zonas rurales.

“Con el mandato de proporcionar productos sostenibles para el medio ambiente, financio y administro la empresa eco-textil Samatoa. Desde su fundación en 2003, la compañía se ha expandido para ofrecer líneas completas de telas, ropa, bolsos y bufandas de alta calidad ”, dice.

En 2009, Delaval estableció un laboratorio en la provincia de Siem Reap en busca del loto perfecto para crear la tela única cuya materia prima provenía de la provincia de Battambang.El diseñador de moda ecológico francés Awen Delaval. Foto suministrada

Kamping Pouy Basin se ha convertido en una fuente principal de loto para Samatoa. Se encuentra entre dos montañas, Phnom Ku y Phnom Kamping Pouy, en la provincia de Battambang.

“Al mirar a un espectacular lago de loto de 10.000 ha en Kamping Pouy Bassin, supe que había encontrado mi nirvana. El loto aparece como la piedra angular de mi proyecto cuando estoy rodeado de espiritualidad histórica.

“Lotus ofrece simbolismo, nobleza del alma, belleza y pureza. Para Samatoa, el loto representa la culminación de la búsqueda final de excelencia de la compañía ”, dice.

En una entrevista con The Post, Delaval recitó un popular dicho asiático que dice: «un estanque sin loto es como un hogar sin mujeres».

Por lo tanto, Samatoa se estableció para empoderar a las mujeres vulnerables de pequeños pueblos para que sean financieramente independientes y puedan mantener a sus familias con un trabajo decente.

En 2016, probó la fibra de loto por primera vez en el prestigioso Instituto Francés de Textiles y Confecciones (IFTH), un laboratorio.

«Desde 2016, teníamos todo el conocimiento sobre las propiedades excepcionales de la fibra de loto en general y cuando mi familia, amigos y clientes necesitaban mascarillas protectoras, ya sabía que la microfibra de loto era la mejor solución», dice Delaval.

Él dice que la fibra de loto fue una de las primeras microfibras naturales en el mundo y afirma que es mejor que cualquier microfibra sintética.

“Las propiedades de la fibra de loto son superiores a cualquier otro material conocido para la tela, en términos de filtración, transpirabilidad y comodidad. Es un tejido excepcionalmente suave y transpirable, y desarrollamos los prototipos de nuestra nueva colección para respetar la salud de las personas que usarán la máscara facial ”, dice Delaval.

Para producir la máscara facial de loto, Delaval ha estudiado y seguido las diferentes recomendaciones de los estándares de la Asociación Francesa de Normalización (Afnore) en Francia y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en los EE. UU. Para crear nuestro patrón y coserlo juntos para hacer la mascarilla final de loto.

Desde la cosecha de los tallos de loto hasta la mascarilla de loto terminada requiere mucho esfuerzo y paciencia.

Al agricultor le toma cuatro horas recolectar 100 kg de tallos de loto. Luego, una mujer lava manualmente 100 kg de tallos con un cepillo de hierro. Cuando se limpian los tallos, se extrae fibra de loto y se deposita en una mesa de un metro de largo para producir fibras de loto puro.Las máscaras faciales de fibra de loto Samatoa vienen en diferentes diseños. Foto suministrada

Delaval dice que cada mafia de fibra de loto mide 20 cm por 100 cm. Se dividirá en cinco secciones que se utilizarán para cinco máscaras faciales individuales.

Un trabajador que dedica una hora a crear una mafia para cinco máscaras faciales puede ganar alrededor de $ 0,50 por mafia. Si un trabajador hizo el trabajo junto con los miembros de su familia, podrán ganar alrededor de $ 20 por día.

“Una mujer puede producir de 40 a 80 g de fibras por día y fabricar entre 40 y 80 máscaras faciales, mientras que un sastre puede coser aproximadamente 40 máscaras faciales en un día.

«Samatoa produce la mascarilla de loto ‘clásica’ que utiliza dos capas de algodón orgánico de alta calidad y una capa de microfibra de loto puro que se vende por entre $ 7 y $ 12 cada una», dice.

Desde el lavado de los tallos, la extracción de la fibra hasta la mafia, el corte de telas, la confección y el embalaje, Samatoa comenzó a producir 50 máscaras por día. Ahora la empresa social produce alrededor de 200 al día.

“Necesitamos producir 25,000 máscaras faciales por semana para responder principalmente a las necesidades de nuestros clientes en los Estados Unidos y Francia. Muchos otros mayoristas han pedido representarnos en muchos otros países. Si hacemos bien en responder a las necesidades en Francia y los Estados Unidos, también estaremos presentes en el Reino Unido y España ”, dice.

Sin embargo, el principal desafío ahora es la escasez de certificación reconocida y suministro de material.

“La falta de reconocimiento conducirá a planes de expansión de mercado limitados.

La producción necesita ampliar su capacidad. Para eso, nos hemos asociado con AAC (Asociación de Artesanos de Camboya) para aprovechar su fuerza. La creciente capacidad de producción de 200 a 3.000 máscaras por día necesita mano de obra adicional ”, dice Delaval.

Él dice que el equipo formado por el director de AAC Sinoeun, Nimul de Rajana, el supervisor Channa de Prey Veng y Patrice de Battambang han viajado por todo el país para entrenar a los agricultores que seleccionan los mejores tallos, y equipar y entrenar a mujeres desempleadas para crear las turbas de loto.

Los clientes pueden comprar mascarillas de loto en Phnom Penh llamando al 012465686. En la provincia de Siem Reap, se pueden comprar en el restaurante Croq Me o llamando al 017572071.

Los residentes en Francia, Estados Unidos y Australia pueden comprar las máscaras faciales de loto de Lotus Paradis Brand, Zelia, Trace Brand y Neue Brand.

Samatoa se encuentra en la carretera 63, Phnom Krom, provincia de Siem Reap. Para obtener más información, inicie sesión en el sitio web: www. samatoa.com o llame al 092 529 001.

«Nuestra empresa es muy sostenible porque utilizamos microfibra totalmente natural», explica Alice Samnang, supervisora ​​de Samatoa.

Alice dice que antes de la pandemia de Covid-19, la empresa social producía textiles naturales con kapok, plátano y loto. Ahora se enfrenta a una gran demanda de mascarillas hechas de fibra de loto. Las máscaras se exportan a los Estados Unidos, Australia y Francia.

Samatoa también está creando empleos para los aldeanos.

«Podemos alimentar a nuestras familias ganando dinero con la fibra de loto», dice Mai.

«Los aldeanos están felices de trabajar con fibra y no tienen que encontrar trabajo en otro lugar, lejos de casa».

Publicado en el PAIS España, por FERNANDO PEINADO Madrid – 23 JUN 2020 – 07:11 COT

El hombre que fue presentado a primeros de marzo como el principal asesor de la presidenta Isabel Díaz Ayuso para coordinar la lucha contra la pandemia, terminó pasando a un segundo plano en algún momento. Antonio Burgueño tiene un largo y conflictivo historial en la Comunidad de Madrid porque como director general de hospitales en tiempos de Esperanza Aguirre fue el impulsor de la privatización de centros sanitarios, hasta que dejó el cargo en 2013. Trabajó en HM Hospitales, director asistencial de Adeslas e impulsor del llamado modelo Alzira.

En una entrevista realizada este lunes por la tarde cerca del parque del Retiro, Burgueño, de 78 años, socio de una empresa de consultoría especializada en asuntos sanitarios, asegura que él se apartó a un segundo plano después de elaborar un programa de 270 puntos contra el coronavirus que le solicitó Ayuso. Dice que es la hora de examinar qué se ha hecho mal antes de la próxima oleada en otoño y de exigir responsabilidades políticas y judiciales. Y lamenta que su idea acabara siendo ejecutada por “empresas de tercera división”. Se refiere a la “operación bicho”, el término que empleó su hija Encarnación, sin experiencia alguna en gestión sanitaria, para desarrollar durante 12 días una caótica actividad de medicalización de residencias. Él niega que su hija consiguiera gracias a sus contactos el encargo de curar a los mayores de residencias durante los días más letales de la pandemia, cuando los hospitales rechazaron los ingresos de esos ancianos.PUBLICIDADAds by Teads.

Pregunta: ¿Cuál es el origen de su plan para medicalizar residencias?

Respuesta: Me llamó la presidenta el martes 10 de marzo a las cinco de la tarde y me preguntó: “¿Qué piensas de todo esto?” Le dije que lo veía muy mal y le propuse hacer un plan. Mi idea es muy militar, muy del ejército y de empresa. Me dice: “Mañana nos lo cuentas en la Casa de Correos a [el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz] Escudero, [el consejero de Hacienda, Javier Fernández] Lasquetty y a mí”.PUBLICIDADAds by TeadsBurgueño (izquierda), junto a Ruiz-Escudero y Díaz Ayuso.

P. ¿Qué pasó al día siguiente?

R. Les dije: “Tienen ustedes necesidad de un plan de guerra”. No sé si usé esa expresión, pero uno de los presentes dijo: “Ya tenemos un general”. Yo propuse que una persona tuviera el mando único, ajeno al mando político. Me fui y en cuestión de 24 horas, yo y el equipo de mi consultoría elaboramos un programa con 270 tareas que fue presentado el jueves 12 por el consejero Escudero. La medicalización de residencias era uno de los puntos capitales.

P. ¿Usted se postuló para ejecutar el plan?

R. Yo no lo propuse. Tampoco me dijeron nada. Pero creo que el que pintó el plan debería haberlo ejecutado.La medicalización de las residencias no se llevó a cabo.

P. ¿Qué salió mal?

R. La medicalización de las residencias no se llevó a cabo. En el ejército es todo muy fácil. Faltó jerarquía, rapidez y eficacia. No ha pasado solo en la Comunidad de Madrid, sino en las 17 comunidades autónomas. Mi plan era medicalizarlas con los tres mil y pico médicos de atención primaria en la Comunidad, pero ellos no fueron (a las residencias). La atención primaria en España dejó a los enfermos mayores abandonados.

P. ¿Por qué no fueron los médicos de primaria a las residencias?

R. Hacía falta un general. Dar órdenes y dar incentivos para que esos profesionales fueran y también, muy importante, la protección.

P. ¿De quién fue la idea de los protocolos para no derivar a mayores de residencias al hospital?

R. Yo no he visto esos protocolos. Los geriatras que los elaboraron pensaban que alguien vería a esos enfermos.

P. ¿Cómo llega su hija a encargarse de la medicalización de residencias?

R. En algún momento ella conectó con la Comunidad de Madrid viendo el agobio que tenían. Era una ayuda mínima. A mí alguien me dijo que ella estaba colaborando. Y me dijo que había que sacarlos. Pero dije que no. Que eso era una ayuda mínima para lo que necesitaban las residencias, que necesitaban un ejército de médicos. Y bueno… hicieron lo que pudieron. No lo sé, eh. No estoy enterado. Ni tampoco lo llevo. No tenían contrato y no pagaron.

P. ¿Por qué paran el día 6 cuando este periódico revela que su hija está trabajando en la crisis en residencias?

R. Pues la fuerza que tiene la crítica de determinados medios es muy fuerte y mira. Si el medio no entiende muy bien que Antonio Burgueño entrega un plan y que es un señor al que no le quiere la Comunidad de Madrid, pues nada.

P. ¿Lo paró Escudero?

R. No creo. Desde luego yo sí que cogí el teléfono y le dije a mi hija: “¿Qué coño estáis haciendo?, dejad de ayudar porque no tenéis contrato, no tenéis nada y esto no lo van a pagar”.

P. ¿Entonces engañó su hija a la empresa de ambulancias Transamed?

R. Entonces, si es así, es la empresa de ambulancias la que tiene que reclamar por engaño a mi hija, evidentemente. Desde luego es una empresa que yo no conozco. De verdad que sabes más que yo.

P. Ellos están en bancarrota porque la Comunidad de Madrid no les ha pagado el trabajo de 12 días.

R. Me parece absolutamente injusto que hayan hecho eso y no se les haya pagado nada. Y si además de eso consiguieron hacer algo eficaz para las residencias pues que les mencionen en el cuadro de honor de la pandemia.

P. Carlos Mur de Víu, que era director de Coordinación Sociosanitaria, admite que hasta el 6 de abril no hay una presencia médica significativa en las residencias.

R. Claro. Pues empiezan a llegar a las residencias muchas más fuerzas de otras latitudes. Y hasta médicos de primaria.

P. ¿Por qué no antes?

R. Era una locura. Todo el mundo andaba sobrepasado.

P. ¿Quedaron abandonados a su suerte los mayores de residencias?

R. Yo creo que en toda España quedaron abandonados a su suerte, incluido Madrid.Yo no he quedado mal con nadie. Las relaciones de mis hijos con las instituciones son cosas suyas

P. ¿Usted tomaba decisiones?

R. Yo solo daba consejo por teléfono cuando me lo pedían. A los tres o cuatro días me aparté porque los médicos de la sanidad madrileña se opusieron a que yo participara.

P. ¿Quién de la Comunidad le pedía consejo?

R. Yo se lo daba a quien me lo pedía. Yo conozco a todos, al consejero de Sanidad, el de Hacienda. A quien menos conozco es a la presidenta, a quien solo había visto una vez, en 2014, cuando era diputada de la Asamblea.

P. ¿Ha quedado mal con ellos por culpa de su hija?

R. Yo no he quedado mal con nadie. Las relaciones de mis hijos con las instituciones son cosas suyas. Sigo hablando con todo el mundo.Yo colaboro con mi país pero sin pasar factura

P. ¿Le han pagado por su labor?

R. Yo no estaba para eso. Yo colaboro con mi país pero sin pasar factura.

P. ¿Por qué creía usted que atender a los mayores en las residencias era una buena idea?

R. Es algo que ya había pensado antes. Antes de la covid los hospitales ya se veían colapsados frecuentemente. Cuando estuve de director de hospitales de la Comunidad de Madrid, los viernes por la tarde se llenaban las urgencias de viejecitos de la tercera edad. En las residencias no había médico los fines de semana. Los hospitales no están para ser un cementerio. No tienen que recibir a los mayores en situación de agonía. Tienen que morir en una residencia, en su casa o en una unidad de paliativos, pero no en un hospital de agudos. Yo propuse a la consejería en 2012 un plan para poner médicos y enfermeros de la sanidad pública en las residencias.

P. Pero en esta crisis han quedado fuera de los hospitales personas mayores que no eran terminales. Los protocolos dejaron fuera a los dependientes.

R. La persona dependiente con un proceso agudo desde luego que vaya al hospital, pero si está en un proceso terminal desde luego que no.

P. El jueves hay una votación en la Asamblea para reprobar al consejero Escudero. ¿Qué votaría usted?

R. Yo solo siento mucho que mi amigo Enrique no exigiera que el que había hecho el plan lo gestionara, porque en estos momentos el crucificado sería Antonio Burgueño.

P. ¿Va a dimitir Escudero?

R. No lo sé. Es que esto le va a afectar a mucha gente del Gobierno, de la nación y del Gobierno de Madrid.

P. Hay familias que han llevado esto a los tribunales. ¿Va a ir gente a la cárcel?

R. Eso sí que no lo sé. Porque no sé cómo interpretarán los tribunales lo que ha pasado en todos los niveles gubernamentales. Esperemos a los tribunales.

P. Usted ha dicho que sería crucificado si le hubiera tocado la gestión de la crisis.

R. Lo he dicho. Ponlo tal cual. O a lo mejor en la cárcel.

P. ¿En la cárcel, usted?

R. A lo mejor. Es que hay que tomar decisiones y alguna puede que no guste o que no sea racional

Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales, esta semana en el pleno de la Asamblea de Madrid.CHEMA MOYA / EFE110JUAN JOSÉ MATEO|FERNANDO PEINADOMadrid – 20 JUN 2020 – 17:30 COT

El 19 de marzo, 138 personas habían muerto por causas vinculadas al coronavirus en residencias sociosanitarias de la Comunidad de Madrid, según documentación gubernamental a la que accedió EL PAÍS. Ese día el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, hace pública una carta al vicepresidente, Pablo Iglesias, en la que pide la intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME) en los geriátricos. Entonces la misiva llama la atención más por el choque político con la presidenta Isabel Díaz Ayuso que por la advertencia que hace Reyero: “La situación en los hospitales está dificultando la derivación en algunos casos”. Hoy, con el asunto en vías de ser examinado por la justicia y la Asamblea regional, esas palabras cobran una nueva dimensión en el examen de las causas de la catástrofe.

• Tres meses después, el número de fallecidos en sus camas de residencias se ha multiplicado hasta los 5.985. Son datos oficiales sobre las muertes en 710 residencias sociosanitarias, pero la inmensa mayoría de esos fallecimientos se han producido en los 475 geriátricos de la región. El balance mortal no incluye a los residentes fallecidos en hospitales, un dato que no ha revelado la Comunidad. Son los números de una hecatombe que ha convertido a los geriátricos en el centro de la tragedia provocada por el coronavirus en la región, donde ya han fallecido más de 16.000 personas durante la pandemia.

Todo empezó a principios de marzo, cuando estalló el primer foco de contagio en una residencia. Este diario ha reconstruido la cronología de los hechos, con ayuda de documentos oficiales, comunicaciones internas y declaraciones públicas.

4 de marzo. Primer foco de contagio. Médicos del hospital Gregorio Marañón se desplazaron a la residencia La Paz para comunicar que tres ancianos de ese centro habían dado positivo por coronavirus y una de ellas, de 99 años, había fallecido. Los especialistas examinaron a los 15 contactos más cercanos a los enfermos. Ocho residentes y una auxiliar en enfermería dieron positivo. Madrid acababa de descubrir su primer foco de contagio en residencias. La cuenta atrás hacia la hecatombe acababa de empezar, cebándose con las residencias, donde al principio de la pandemia vivían más de 52.000 personas.

10 de marzo. Declaración de emergencia. La Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), de la que dependen 25 residencias públicas de mayores de la Comunidad, sacó un contrato urgente “para el suministro de material para la prevención ante la exposición al coronavirus para los centros adscritos”. El documento no ahorraba detalles. “Ante las circunstancias especiales derivadas de la exposición de usuarios y trabajadores de los centros adscritos a la Agencia al covid-19, se hace preciso la adquisición y aprovisionamiento inmediato de material asistencial”. La AMAS decidió gastar más de un millón de euros incluso antes de que se decretara el estado de alarma (14 de marzo). Es el síntoma de un drama que iba a afectar también a las residencias concertadas y privadas: faltan equipos de protección, medicinas… y el mercado se había convertido en una selva de compradores desesperados y vendedores que esperan al mejor postor.

No es la única carencia de las residencias para hacerle frente al coronavirus. Transcurrido más de un mes, y superado el pico de la enfermedad, el 40% de los cuidadores de residencias habían contraído el virus o habían tenido que aislarse en sus domicilios para pasar una cuarentena de 14 días. Y se conoce que el 50% de estos centros no tienen atención médica permanente: normalmente el 28% no tienen médico y el 22% solo lo tienen en turno de mañana. Y la Comunidad de Madrid tiene que actuar para contratar reemplazos, proporcionarles material, equipos de protección y medicinas a la desesperada, mientras los hospitales sufren problemas parecidos y el sistema sanitario amenaza con colapsar. Acaban aterrizando más de 20 aviones con 67 millones de equipos de protección comprados en China, pero tardan semanas en llegar.La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid.JESÚS HELLÍN – EUROPA PRESS / EUROPA PRESS

12 de marzo. Rechazos a las hospitalizaciones. A pesar de las patentes carencias de los geriátricos, la Consejería de Sanidad decidió que los mayores de residencias enfermos con covid-19 iban a ser atendidos en las residencias. De este modo evitarían un colapso de los hospitales. Un alto cargo de esa consejería, el director de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur de Víu, le pide a un grupo de geriatras elaborar un protocolo de triaje. Los geriatras iban a valorar quiénes debían ser ingresados en los hospitales de la región, con base en la ética de la medicina de catástrofe. Según los protocolos conocidos, recomendaron dejar fuera de hospitales a enfermos terminales, personas dependientes y personas con discapacidad (la exclusión de este último grupo fue modificada).

Cuando los hospitales de la región se desatascaron a mediados de abril, los mayores volvieron a ser admitidos. Mientras duró el bloqueo murieron más de 5.200 enfermos de covid-19 en las residencias, el 90% de las víctimas en esos centros.

Otros datos hospitalarios conocidos recientemente muestran las consecuencias de ese triaje. La semana pasada Ayuso dijo que el 25% de los ingresados en unidades de cuidados intensivos durante la crisis habían cumplido los 70 años —921 de un total acumulado de 3.694— a pesar de que según los datos más recientes de Sanidad Mortuoria los pacientes que superan esa edad concentran el 87% de las muertes por el virus —13.044 de 14.955—.

“Se trató de decir que el criterio de edad se aplicaba en UCI”, se queja en la última comisión de Sanidad (12 de junio) el consejero del ramo, Enrique Ruiz-Escudero. “En UCI se aplican criterios de tratar de salvar la vida, tomando la decisión con los recursos que se tienen y la situación del paciente”, añade. “No se pueden permitir falsedades. Siempre se han seguido criterios clínicos, en un momento de tantísima complejidad”, defiende. “Nunca hemos dejado de trasladar a una persona mayor a un hospital”, sigue. “232 residencias han llegado a estar medicalizadas, se han ordenado 10.632 traslados entre residencias y hospitales, se han distribuido 30.800 test, se han comunicado los resultados de la mitad de ellos, y en este momento hay 28 equipos de atención primaria, y 38 de profesionales sanitarios de hospitales, que están atendiendo en residencias, además de 26 equipos de geriatras que coordinan con los hospitales de referencia”, enumera. “Se han entregado más de 12 millones de material de protección”.

La Comunidad asegura que se han producido más de 10.600 traslados de residencias a hospitales, pero no da fechas para saber cuántos hubo durante el peor momento de la pandemia, cuando los hospitales ya casi no podían absorber a más pacientes. El Ejecutivo se defiende con cifras que solo refuerzan el hecho de que la enfermedad se ha cebado en las personas de más edad: el 25,2% de los madrileños ingresados en los hospitales (10.772) contaban con más de 80 años, sobre un total de 42.719 pacientes hospitalizados analizados entre los días 1 de marzo y 31 de mayo de 2020. Además, el 47,8% de los ingresados (20.418 pacientes) tenían más de 70 años.

Con la entrada en vigor del estado de alarma decretado por el Gobierno central, las visitas a las residencias, antes restringidas, fueron imposibles. Los centros se cerraron a cal y canto. Los residentes ya no pudieron ser visitados por sus familiares. Desde entonces, hubo miles de muertes sin despedida.

17 de marzo. Empieza el enfrentamiento político. Al menos 19 ancianos internados en la residencia Monte Hermoso de Madrid habían muerto como consecuencia de un brote de coronavirus, según confirma la empresa. Un total de 75 personas entre trabajadores y residentes del centro han dado positivo. Es solo la primera señal conocida de lo que ya estaba empezando a pasar en los hogares de personas mayores de la región. Y los gestores regionales saben que se avecina lo peor.

Un día después, 18 de marzo, Carlos Mur de Víu, director de Coordinación Sociosanitaria, envía el primero de cuatro correos electrónicos (los siguientes son el 20, 24 y 25 de marzo) pidiendo dar traslado de los protocolos de triaje que supuestamente sirvieron de guía para que hospitales y residencias descartaran la hospitalización de ancianos enfermos con covid-19 (la Comunidad dice que eran borradores). Residencias y familiares aseguran que en ciertos casos se aplicó un triaje por edad: “A los mayores de 75 años no nos los cogen”.

En paralelo, sanitarios madrileños se preparan para la eventualidad de tener que hacer triaje de ancianos siguiendo órdenes políticas. “Vamos a denegar la cama a los pacientes que más riesgo de morir tienen”, dijo el 18 de marzo un jefe médico del hospital Infanta Cristina de Parla. Daba instrucciones a su equipo para evitar el colapso del centro, según un vídeo de una sesión clínica. Les dijo que autoridades políticas habían diseñado un plan para dejar fuera a los ancianos. “Son decisiones drásticas, horrorosas, que les costará la reelección política seguro, ¿vale? Les costará su cabeza, pero es necesario para la sociedad”, les informa.

Dos días después de conocerse el caso de la residencia de Monte Hermoso, el 19 de marzo, Isabel Díaz Ayuso le escribe una carta a Pedro Sánchez explicitando que la Comunidad afronta ya el pico de la pandemia. “Desde la Consejería de Sanidad hemos realizado una estimación de las necesidades de material sanitario para afrontar esta crisis, teniendo en cuenta una duración de este pico de nuevos casos de 20 días”, escribe.

19 de marzo. “La situación en los hospitales está dificultando la derivación en algunos casos de las personas más vulnerables”. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, pide la intervención del Ejército en las residencias madrileñas, y acaba escribiéndole al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, para pedírselo. Díaz Ayuso le desautoriza inmediatamente. “Esta petición no sirve porque el Ejército no tiene capacidad para enviar médicos sanitarios”, dice en una radio. El choque político tapa los argumentos que expone Reyero en su carta, cuando no se han llegado a los 200 muertos en las residencias.

“La crisis está teniendo consecuencias devastadoras sobre las personas mayores y/o con discapacidad que viven en las residencias en la Comunidad de Madrid”, escribe. “La situación es ya muy preocupante, con muchas personas contagiadas, fallecidas o aisladas, personal también infectado o en cuarentena”, añade. “La Sanidad madrileña está haciendo un enorme esfuerzo y un gran trabajo pero la situación en los hospitales está dificultando la derivación en algunos casos de las personas más vulnerables y con pluripatologías, por lo que en muchos casos deben permanecer en la Residencia, recibiendo una atención médica para la que la mayoría no están preparadas”, sigue. Y subraya: “Lo están para atención sanitaria en situaciones ordinarias pero no en una situación de crisis como la actual”.

22 de marzo. “Condiciones indignas” y “consecuencias legales”. Reyero se pone en contacto con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, para advertirle sobre su preocupación por algunos de los criterios que excluyen a residentes ancianos o discapacitados de ser trasladados a hospitales para luchar contra el coronavirus.

“Tenemos que ser conscientes de que el soporte médico existente en la mayoría de las residencias (en algunas ni eso) está concebido para una situación normal y eso abocaría a que desafortunadamente muchos residentes fallecieran en condiciones indignas”, escribe. “Por lo que sería necesario un apoyo sanitario adicional por parte de Sanidad que ahora es muy complicado de obtener”, añade. “Si esto lo aplicamos a personas con discapacidad, la situación tiene una componente más grave; en este caso podría ocurrir que personas con una discapacidad grave pero buenas expectativas de vida podrían ser rechazados en esta derivación e incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales”.

Al no obtener respuesta, Reyero insiste con un segundo e-mail a Ruiz-Escudero. “Una situación como la actual precisaría de una medicalización de las residencias que solo nos podríais facilitar vosotros o puntualmente las brigadas sanitarias del ejército”.

En ese correo, Reyero sugiere que se dediquen parte de los hoteles medicalizados para acoger a residentes que no se han contagiado, protegiéndoles así del virus. El proyecto tardará en hacerse realidad casi un mes.

25 de marzo. 992 muertos en una semana. En los siete días transcurridos entre el 19 y el 25 de marzo, fallecen 992 personas en residencias, para un total de 1.130, según documentación oficial. La pandemia sigue empeorando. Los hospitales no dan abasto. Apenas hay traslados desde las residencias en esas fechas: el 79% de los muertos en residencias públicas fallecen en sus centros, por el 74% en las concertadas y el 64% en las privadas. Datos que insinúan lo que luego confirman las aseguradoras: aquellos ancianos con seguros privados tienen más opciones de ingresar en un hospital.

”Hemos actuado como un servicio único de cuidados intensivos”, aseguró el consejero Ruiz-Escudero. “Las camas da igual que estuvieran en la sanidad pública o la privada, se utilizaron como un único recurso”.

26 de marzo. Reyero, apartado de la gestión. La crisis política que enfrenta a PP y Cs en el Gobierno no ha hecho más aumentar. Díaz Ayuso aparta a Reyero (Cs) de la gestión médica de las residencias al crear un mando único que deja en manos del consejero de Sanidad, Ruiz-Escudero (PP), mandatado para organizar tanto la sanidad pública como la privada.

Nadie oculta el enfado con el consejero de Políticas Sociales. Hay comentarios irreproducibles, por descarnados. “La negligencia es de tal magnitud que va a tener problemas (judiciales)”, es el resumen.

El mando único coordinará la entrega de millones de equipos de protección y de cientos de visitas a las residencias. Pero con él no acaba la polémica. Ruiz-Escudero, en posteriores balances, dice que ha medicalizado más de 200 residencias. Reyero lo niega.Residencia de Mayores González Bueno, en la carretera de Comenar Viejo.SANTI BURGOS

31 de marzo. “No se ha derivado a ningún residente al hospital desde el día 10 de marzo”. La hecatombe lleva a que la Comunidad empiece a intervenir la gestión de las residencias con mayor número de muertos (hoy 14 de 710 sociosanitarias están bajo su gestión directa por esa razón). La desesperación cunde entre los gestores de los centros.

“No se ha derivado a ningún residente al hospital desde el día 10 de marzo, siguiendo los criterios que, caso a caso, han ido marcando desde el servicio de geriatría (…)”, le explica un gestor en esas fechas a los familiares de los ancianos en un vídeo al que tuvo acceso este diario. “A pesar de todas las medidas hemos tenido 46 fallecimientos”, añade sobre su centro, en el norte de la capital. “(…) Durante todo este periodo insisto en que se han seguido los criterios marcados por el servicio de geriatría, quien ha decidido, con cuentagotas, las pruebas que podíamos hacer, y las derivaciones, que no han sido ninguna hasta el día de ayer, con ocho pruebas y cinco derivaciones. Este cambio de tendencia, que desconozco porqué criterios se ha adoptado, puede ser una ayuda para la situación que estamos viviendo”.

Hay otros documentos, como las actas policiales de visitas a residencias y la carta de una directora de residencia, que indican que las autoridades no respondieron siempre a las llamadas de auxilio de los centros, y que sugieren que en lugar de un triaje durante días (los de más demanda) pudo haber un rechazo a las hospitalizaciones. La Comunidad lo niega tajantemente: “Se ha luchado por cada vida”.

7 de abril. Madrid envía efectivos a otras comunidades. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, anuncia que envía a Toledo y Soria dos sanitarios y 20 voluntarios del Samur para reforzar a los servicios médicos de Castilla y León. “Madrid ha recibido la ayuda de muchas regiones y ahora es nuestro turno”, dice en un tuit. En los siguientes días, Ruiz-Escudero anuncia que los hospitales de Madrid iniciarán próximamente la desescalada, para volver a su trabajo habitual, ya que la epidemia está remitiendo. Reyero no da crédito, porque en las residencias el virus sigue golpeando con fuerza.

“No entiendo que ahora que se habla de repliegue sanitario no se utilicen a estas personas en las residencias”, dice el consejero de Políticas Sociales en una entrevista. “Yo soy partidario de la solidaridad entre territorios, pero no entiendo que el Samur vaya a Castilla y León y no se refuerce la atención sanitaria en nuestras residencias”.

De hecho, los hospitales siguen desbordados. Solo un día después, el 12 de Octubre empieza a tramitar contratos de urgencia para reacondicionar áreas del centro y atender a pacientes. “Debido al aumento progresivo de casos de sospecha y/o confirmados de infección por covid-19 en cuyo manejo, según protocolo clínico, se requiere ampliación del número de camas de hospitalización, se han tenido que ir habilitando espacios del hospital que no estaban preparados para dicho uso, por lo que es necesario e imprescindible realizar todos los trabajos necesarios para que, urgentemente, se pueda seguir reacondicionando”.

8 de abril. Las cifras del terror: 4.260 muertos. Por primera vez, la Comunidad publica la cifra de muertos en residencias. El reflejo de la debacle no solo está en los 4.260 muertos atribuibles a la pandemia, sino en la falta de medios: de esos, solo 781 fallecen tras haberse hecho un test para confirmar la enfermedad, y 3.479 lo hacen con síntomas compatibles. Desde entonces, la cifra ha ido creciendo hasta el total de 5.985 personas que han perdido la vida en residencias de todo tipo por causas vinculables a la enfermedad, según datos del viernes. De ellas, solo 1.254 se hicieron el test.

Ese mismo día, la Comunidad anuncia que ha intervenido en más de 306 residencias, y que ha conseguido repartir en 457 residencias un total de 348.000 pares de guantes; 134.000 mascarillas; 5.400 litros de soluciones hidroalcohólicas; 5.100 gafas protectoras; 101.000 cubre zapatos; 15.400 batas; 14.000 gorros y 3.500 litros de agua.

19 de abril. Policía Local en las residencias. Los alcaldes de las principales ciudades de la Comunidad reciben una carta de la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación en la que se les ordena que la Policía Local siga presencialmente la situación de las residencias al menos una vez por semana. Esas visitas están en el corazón de las denuncias presentadas por los municipios de Leganés y Alcorcón para conseguir que el Gobierno regional medicalice las residencias: la justicia falla en su favor. Y reflejan una realidad terrible.

Por ejemplo, en Alcalá de Henares, una de las ciudades más pobladas de la región, se contabilizan 319 muertes en los 15 centros de la ciudad: eso significa que ha muerto el 21% del total a 24 de abril, que se eleva al 25% un mes después. El alcalde, Javier Rodríguez Palacios, pide ayuda y soluciones. No llegan.

Mayo y junio. Investigación oficial. Las semanas pasan mientras se acumulan las muertes, los choques públicos entre Reyero y Ruiz-Escudero a cuenta de la medicalización (o no) de cientos de residencias, y las investigaciones abiertas por la Fiscalía. Con la vuelta a la actividad de la Asamblea, la oposición critica a Díaz Ayuso, que defiende la gestión. Finalmente, anuncia una investigación interna. En paralelo, el final de junio vuelve a descubrir brotes puntuales de contagios en las residencias madrileñas.